Acto y homenaje a 35 años de la "Masacre de Fátima"

Así describió el hecho el fiscal Federico Delgado cuando el 20 de septiembre de 2005 solicitaba la elevación a juicio oral y público de la causa, proceso que finalmente ocurrió en 2008. "Se trató de una feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre al sociedad civil", enfatizó Delgado en su presentación. Las víctimas de aquella matanza fueron Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Conrado Alsogaray, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma Frontini, Jorge Daniel Argente y Carmen María Carnaghi. La macabra mano de la "Masacre de Fátima" también alcanzó a Horacio Oscar García Castelú, Alberto Evaristo Comas, Susana Pedrini de Bronzel, Juan Carlos Vera, Carlos Pargas, Ricardo Herrera Carrizo, Roberto Olivestre, Enrique Aggio, María Rosa Lincon y Cecilia Podolsky de Bronzel, junto con 10 personas más no identificadas. El 19 de agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8. Poco después de las 4 de la madrugada del 20 de agosto, una gran explosión despertó a toda la localidad bonaerense de Fátima. Los obreros de un horno de ladrillos cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Inmediatamente la zona fue cercada por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar. Según el parte policial de la época, las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Luego de ocurrida la Masacre, el gobierno militar por intermedio del Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que repudió el hecho y lo atribuyó a “la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino”, y expresó la firme voluntad de “esclarecer el hecho y sancionar a los responsables”. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento: Nocetti, Vélez, Leiva, Comas y Alzogaray, en tanto los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Presidente Derqui, de donde fueron exhumados en 1985 para su identificación por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin embargo poco después, la sanción de la ley de Obediencia Debida archivó el expediente y detuvo los procesos iniciados. En 1998, una presentación judicial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata permitió el inicio de los llamados “Juicios de la Verdad”, que si bien por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no permitían juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, sí permitieron seguir conociendo lo ocurrido con las víctimas. Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban atados y vendados. Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza, provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos. Según consta en el expediente, la mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del ejército, en ese entonces al mando de Jorge Rafael Videla. En 2003 la causa fue reabierta y seis ex-policías de la Federal fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. En junio de 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva y embargó a los policías federales Juan Carlos Lapuyole, Carlos Vicente Marcote y Carlos Enrique Gallone, recordado por aquella foto que recorrió el mundo abranzando a una madre de Plaza de Mayo en 1983. Se determinó que Lapuyole y Marcote, quien falleció sin ser juzgado, fueron los responsables de las direcciones generales de Inteligencia y Operaciones de Superintendencia de Seguridad Federal y que Gallone fue jefe de una de las “brigadas” que actuaron en el lugar, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura. En febrero del 2006 la causa judicial, que forma parte de la "megacausa" por gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo, fue elevada a juicio oral por el juez federal Daniel Rafecas. En julio del 2008, Lapuyole y Gallone fueron condenados a prisión perpetua por su accionar en la detención y asesinato de las víctimas de Fátima, en tanto Miguel Angel Trimarchi, otro de los imputados, fue absuelto. fuente:http://www.diarioregistrado.com/Politica-nota-52200-Acto-y-homenaje-a-35-anos-de-la-Masacre-de-Fatima.html