“Tiró gente viva al mar y se jactaba”

JULIO ALBERTO POCH, PILOTO DE UNA AEROLINEA HOLANDESA, FUE DETENIDO EN ESPAñA POR LOS VUELOS DE LA MUERTE

El marino contó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia que piloteó vuelos desde los que se arrojaba a “terroristas”. Lo denunciaron ante la Justicia holandesa. Una investigación conjunta con Argentina permitió apresarlo en su último viaje antes de jubilarse.

Por Diego Martínez A un tercio de siglo de los crímenes y a catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo, la Justicia detuvo por primera vez a un piloto de la Armada por arrojar personas vivas al mar durante la última dictadura. El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, radicado desde 1988 en Holanda, donde se recicló como piloto civil, fue capturado el martes en la pista del aeropuerto de Manises, en Valencia, por agentes de la Policía Nacional de España. Ese mismo día, por orden de un juez penal del Reino de los Países Bajos, la policía holandesa allanó su domicilio en la ciudad de Alkmaar, donde encontró el arma reglamentaria que usaba cuando pertenecía a la Armada y documentación sobre sus vuelos registrados entre 1974 y 1980. Poch pasó su primera noche preso en el centro penitenciario Picassent, donde ahora deberá esperar su extradición a la Argentina. La denuncia contra el ex aviador naval de 57 años la formularon hace dos años sus propios compañeros de la aerolínea Transavia, que lo marginaron luego de escucharlo justificar su actuación en vuelos de la muerte. La investigación de la Justicia y del gobierno del Reino de los Países Bajos fue corroborada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, que en diciembre ordenó la detención. En el mismo juzgado hiberna desde hace cuatro años una instrucción idéntica originada en la confesión del capitán de corbeta Hemir Sisul Hess, quien tras la publicación de su historia en Página/12 comenzó a organizar un largo viaje a Europa. Poch nació el 20 de febrero de 1952 e integra una familia con tres generaciones en las filas de la Armada. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 e ingresó a la Escuela Naval. Pertenece a la promoción 101 del Comando Naval. En 1974 aprobó el curso de aviadores navales con la mejor calificación sobre 16 participantes. Cuando se produjo el último golpe de Estado tenía el grado de teniente de corbeta y estaba destinado en la Escuela Aeronaval de Ataque. En 1977 pasó a integrar la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En esos dos años se produjeron la mayor parte de los vuelos con los que la Armada borró del mapa a sus enemigos, delito que la Justicia argentina nunca investigó. La carrera militar de Poch duró apenas ocho años. Pasó a retiro voluntario en 1980, con el grado de teniente de fragata. A fines de mayo de 1982, a sus treinta años, fue convocado por la Armada para participar de la guerra de Malvinas. Seis años después se trasladó a Holanda junto con su esposa, Elsa Margarita Nyborg Andersen, y sus tres hijos, todos nacidos durante la dictadura. El mayor, que también es piloto de Transavia, fue registrado en agosto de 1976 en la localidad de Verónica, cerca de la base aeronaval Punta Indio. Las dos hijas mujeres fueron inscriptas en 1979 y 1980 en Bahía Blanca. Gracias, Máxima Los primeros datos sobre las confesiones de Poch se conocieron en 2007, luego de que las autoridades holandesas recibieron las denuncias de los empleados de Transavia y comenzaron a indagar sobre su pasado durante la dictadura. A mediados de 2008, un fiscal holandés y dos miembros del equipo de investigación se trasladaron a la Argentina para profundizar la pesquisa y notificaron formalmente al juez Torres, que poco después viajó a Europa para escuchar en persona a los testigos. Un piloto contó que el detonante del relato del marino fue un comentario sobre Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Rafael Videla. Cuando un comensal afirmó que el padre de la princesa Máxima de Holanda “fue miembro del régimen criminal”, Poch “comenzó a defender a ese gobierno y nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época”. El marino confesó “que durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas desde su avión al mar” y que “el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas”, relató un testigo ante el juez y su secretario Pablo Yadarola. “Poch todavía cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado y que puede vivir con eso sin problemas emocionales”, agregó. “Contó que desde su avión se echaba fuera de la borda a personas con vida, con el fin de ejecutarlas”, reiteró un piloto que escuchó a Poch durante una cena en un restaurante en la isla de Bali, en Indonesia. El testigo confesó haberse “enojado fuertemente, porque uno no puede imaginar cosas tan terribles”, y agregó que Poch se justificó diciendo que “era una guerra” y que las víctimas “habían sido drogadas previamente”. Luego añadió que los familiares de los desaparecidos “no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas”. Otro testigo sugirió que Poch “tiene dos caras: puede comportarse como una persona amable pero a su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior, y puede que ello tenga que ver con su pasado como militar”. “Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda”, recordó. El 30 de diciembre pasado el juez Torres solicitó a Holanda la detención de Poch “con miras de extradición”, y a Interpol su captura en el resto del mundo. Dos meses atrás, en el marco de una investigación sobre los vuelos, Página/12 intentó sin suerte obtener una explicación sobre los motivos de la demora. Días después, a pedido de Holanda, el juzgado realizó modificaciones en la solicitud. Según fuentes diplomáticas, la captura no se concretó en los Países Bajos porque la doble nacionalidad del imputado habría dificultado su extradición. Poch tenía previsto realizar el martes su último vuelo antes de jubilarse. Partió desde el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, con rumbo a Valencia, donde debía hacer una escala de cuarenta minutos. Cuando bajó la escalerilla fue recibido por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española. Excepto su esposa y su hijo, que integraban el pasaje, el resto del vuelo no sufrió ningún perjuicio porque ya había otro piloto listo para reemplazarlo. El 7 de septiembre, cuando Página/12 informó sobre las confesiones del capitán Hess y los aviones Electra en exposición, apuntó que varios pilotos “trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras”. A pedido de diplomáticos holandeses y del juzgado, donde el caso tramitó bajo “secreto de sumario”, se omitió mencionar a Poch. La captura en España sugiere que tampoco sus camaradas procesados por crímenes en la ESMA hicieron nada para evitarlo. Lo saben al menos desde el 12 de enero, cuando el juez Torres, al procesar al capitán Juan Arturo Alomar, mencionó con todas las letras el pedido de extradición “por su vinculación con los vuelos de la muerte”.

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“Siguen siendo torturadores”

En el marco de la causa por la represión ilegal en el Primer Cuerpo de Ejército, la fiscalía reclamó prisión para los cinco procesados que están en libertad. La semana próxima será el turno del ex juez de la dictadura y abogado de Olivera Róvere.

Por Diego Martínez Para Humberto Lobaiza pidieron veinticinco años de prisión. ‘‘Hoy y aquí siguen siendo torturadores. Tienen mucho para decir y lo callan. Eligieron perpetuar el padecimiento de los familiares. Callan el destino de los niños nacidos en cautiverio. ¿Qué indulgencia merecen estos señores? Son ancianos, sí, ancianos que han envejecido impunes y que no esbozan ningún atisbo de reparar el infinito dolor que causaron.” La reflexión del fiscal federal Félix Crous tuvo lugar ayer durante el cuarto y último día de su alegato contra el general Jorge Olivera Róvere y cuatro de sus subordinados directos en la represión ilegal en la ciudad de Buenos Aires, acusados por un total de 242 privaciones ilegales de la libertad y seis homicidios agravados. El representante del Ministerio Público pidió al Tribunal Oral Federal cinco penas de prisión perpetua para el ex jefe de la subzona Capital Federal y para el coronel Bernardo José Menéndez, y de veinticinco años de prisión para el general Teófilo Saa y los coroneles Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti, a quienes no se les imputan homicidios sólo porque las víctimas permanecen desaparecidas. Los cinco militares están excarcelados y pasan inadvertidos entre los viejos abogados que deambulan por los pasillos de Comodoro Py. Olivera Róvere es el único que llama la atención. No porque su figura sea conocida (permanece intacta la decisión del TOF-5 de burlar la acordada de la Corte Suprema que ordenó garantizar el trabajo de los reporteros gráficos), sino por los hematomas que cubren la mitad de su rostro desde que se topó con el blíndex que lo separa del público. “Señores jueces, no fue una agresión”, aclaró tras el hecho el inefable Norberto Giletta padre, mencionado por varios familiares de desaparecidos por rechazarles hábeas corpus como juez de la dictadura, hoy abogado del represor. El fiscal Crous desmenuzó durante las tres primeras audiencias cada uno de los casos imputados, de víctimas que fueron vistas por última vez en los centros clandestino Atlético, Banco, Olimpo, Automotores Orletti, o bien que se les perdió el rastro tras el secuestro. Analizó directivas, reglamentos y órdenes militares del Estado terrorista que rigió la actuación de los represores, desgranó sus legajos y refutó las coartadas esbozadas durante las indagatorias anteriores al comienzo del juicio, ya que ninguno atinó a defenderse durante el juicio oral. Crous consideró “muy llamativas las similitudes de los descargos con los de los brigadieres Comes y Mariani”, condenados a 25 años de prisión como autores mediatos de delitos de lesa humanidad en Mansión Seré pero en libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia. “Intentaron mostrar un cuadro de absoluto incumplimiento de la misión encomendada en la llamada ‘lucha contra la subversión’. Esto luce totalmente absurdo y no se condice con las elogiosas calificaciones recibidas y los cargos ocupados, que muestran que cumplieron exitosamente su misión, desde la perspectiva de la eficiencia criminal”, aclaró. El fiscal describió que por debajo del fallecido Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo, se ubicaba Olivera Róvere, jefe de subzona, y en el escalón siguiente los ex jefes de áreas, que transmitían las órdenes a los ejecutores, al tiempo que garantizaban que la Policía Federal declarara “zonas liberadas” para actuar con impunidad. Contrastó el supuesto desconocimiento de los secuestros con operativos en los que se usaron hasta helicópteros, recordó que la negativa policial a recibir denuncias era una orden transmitida por la cadena de mandos y citó un artículo del coronel Menéndez de 1983, publicado en el diario La Nación, en el que agradeció “la ayuda invalorable que la policía prestó a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión”. Luego enumeró los delitos imputados. A Olivera Róvere, jefe de subzona durante 1976, coautor mediato de 121 privaciones ilegales de la libertad (nueve secuestrados fueron liberados, cuatro asesinados, ocho enterrados como NN e identificados en democracia, el resto desaparecidos) y cuatro homicidios agravados. A Lobaiza y Saa, ex jefes del Regimiento de Infantería Patricios en 1976/7 y 1978/9, 82 y 28 secuestros respectivamente. A Saa, segundo jefe del Regimiento y jefe del área II en 1976, 33 secuestros. Y a Menéndez, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 y del área V en 1977 y 1978, 41 secuestros y dos homicidios. Entre los agravantes destacó la condición militar, el carácter de delitos de lesa humanidad y la desaparición de las víctimas, “que los ubica en una condición previa a la civilización”, remarcó. “No hay esperanzas de resocialización. Lo único que se puede ofrecer a las víctimas es penar al ofensor”, resumió Crous. Recordó que la ley prevé 25 años de prisión “para una sola desaparición” y planteó: “Si no es para estos crímenes, ¿para cuáles ha reservado el legislador la máxima pena? Si no es para estos crímenes, señores jueces, ¿para quiénes ustedes se la guardan?”. El juicio continuará el martes 29 con la defensa de Olivera Róvere, a cargo de los abogados Norberto Giletta padre e hijo. Link a la nota:http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-131971-2009-09-18.html

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El legislador Juan Cabandié declaró contra su apropiador, Luis Antonio Falco, ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal

“Mi casa era una sucursal de una comisaría” Contó que fue “criado a los golpes”. Explicó el vínculo de Falco con el represor Samuel Miara y dijo que el ex policía, que sigue libre, se ufanaba de haber participado en secuestros y haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo.

Por Diego Martínez

Cruces esvásticas. Armas a la vista. Golpes y maltrato psíquico. Apología del genocidio. Discursos antisemitas. El miedo como compañía omnipresente. El escenario lo padeció durante veintiséis años Juan Cabandié Alfonsín, y el responsable principal, según su propio relato, fue su apropiador Luis Antonio Falco, oficial de Inteligencia de la Policía Federal. El actual legislador del Frente para la Victoria, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, describió ayer su infancia y adolescencia en la primera audiencia del juicio, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco está acusado de retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal Carlos Rívolo y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron condenas de 17 y 25 años de prisión, respectivamente. Hasta ahora, el policía no estuvo un solo día preso: fue excarcelado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Tampoco debió concurrir ayer a escuchar el relato de quien alguna vez fue su trofeo de guerra. Si bien el juicio se tramita por el viejo Código Procesal Penal, que no prevé audiencias orales y públicas, a pedido de Abuelas son abiertos a la sociedad los relatos de los testigos ofrecidos por la querella. La jornada inicial, en la principal sala del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, comenzó con el testimonio de Cabandié, quien debió extremar su paciencia para compensar la desidia del Poder Judicial: un micrófono para todas las partes, el testigo sentado junto a la jueza, que por momentos parecía una entrevistadora de TV, y un asistente interrumpiendo el relato cada dos oraciones para tomar nota, ya que ni siquiera contaban con un grabador para registrar el audio. El actual legislador porteño ratificó sus declaraciones anteriores y respondió preguntas de los abogados de Abuelas. El de Falco, Diego Martín Sánchez, no concurrió. Cabandié afirmó que su apropiador “andaba armado todo el día”, recibía de regalo cruces esvásticas y símbolos nazis “que ponía en su boina azul de comando y lucía con orgullo”, mientras sus camaradas “justificaban el genocidio”. “Cuando crezcas vas a saber lo que son los judíos”, le advertían los policías. Cabandié ratificó que Falco era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que tuvo una “activa participación en secuestros” durante la dictadura y que actuaba con el seudónimo Leonardo Fajardo, conservando las iniciales del nombre real como todo servicio. Explicó que el policía se jactaba de haberse infiltrado en la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. “Sostenía que por la Marina había ido (Alfredo) Astiz, y por la Federal, él”, contó. También admitía “haber hecho allanamientos y haber adquirido artículos de las casas, como muebles, discos o guitarras”, contó y recordó que en una oportunidad le ordenó tomar distancia de un compañero de la escuela primaria que tenía a sus padres desaparecidos. Cabandié afirmó que el policía “siempre supo que era hijo de desaparecidos” y que era amigo del ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Cuando ese caso trascendió en la prensa, Falco y su esposa le explicaron que los Miara desconocían el origen de los chicos y enfatizaron que “los criaron con amor, los alimentaron, ya que cuando los recibieron estaban tan flaquitos que parecían dos ratitas”. También recordó que “en una ocasión Falco me refirió que fue él quien consiguió falsificar los documentos de los mellizos”. “Tenía que reprimirme para no contar qué hacía Falco, porque en el seno de la familia había una orden, entre comillas, para que no dijéramos su verdadera actividad. Teníamos que decir que era visitador médico”, reveló Cabandié, quien aludió al acusado como “este hombre”, “el apropiador”, “ese sujeto” o directamente lo mencionó por su apellido. “Siempre me sometían a malos tratos. Fui criado a golpes, físicos y psíquicos”, reveló el joven, visiblemente emocionado. La casa “era una sucursal de una comisaría”, graficó, donde “el miedo estaba presente a cada instante”. El testigo contó que por los golpes y el maltrato dejó de ver a Falco a los 19 años. “Pero el miedo, el clima hostil y la violencia seguían siempre presentes”, recordó. Luego contó una anécdota que por algunos segundos descomprimió el clima y generó sonrisas. En enero de 2004, cuando supo que era hijo de los desaparecidos Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, llamó por teléfono a Falco, le dijo que tenía los análisis de ADN en su mano y lo increpó por su origen. –¿Quién más lo sabe? –preguntó el apropiador. –Lo sabe Estela de Carlotto y (el entonces presidente Néstor) Kirchner –se permitió mentir Juan. “Para cubrirme le dije Estela y Kirchner, estuve rápido de reflejos”, bromeó. El recuerdo dio pie a la narración sobre los conflictos psicológicos que los apropiadores generan en los hijos de desaparecidos. “Nos hacen sentir culpas poniéndonos por delante lo bueno que fueron al darnos comida y estudios”, explicó. En segundo turno declaró Alicia Milia, quien compartió el cautiverio en la ESMA con la madre de Cabandié. Relató que a Alicia Alfonsín la llamaban “Bebé” porque parecía una nena, “muy delgada y con una panza inmensa”. Recordó que cuando iba al baño tenían oportunidad de dialogar con las embarazadas y que, cuando nació, Juan era “un bebé grande, hermoso”. Contó que los verdugos le habían hecho redactar una carta para enviar a su familia, que nunca llegó a destino. Milia recordó que en los grupos de tareas de la ESMA había varios agentes de la Policía Federal. Más tarde declararon otras tres sobrevivientes: Elisa Tokar, Graciela Daleo y Ana María Martí. El juicio continuará el martes con los testimonios de Miriam Lewin y Andrés Castillo, que estuvieron secuestrados en la ESMA. Luego declarará como simple testigo el policía Jorge Mario Veyra, viejo amigo del apropiador, quien se benefició con una falta de mérito en la causa por la Masacre de Fátima. El ex inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante la dictadura, incluyó en 1983 a Veyra entre “los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes (el comisario Juan Carlos) Lapuyole llevó a la Dirección General de Inteligencia” de la Federal tras el golpe de Estado. Veyra continúa libre e impune, ya que ningún juez investiga aún a la Superintendencia de Seguridad Federal. Link a la nota:http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-132039-2009-09-19.html

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Sin palabras....

"El Juez Garzón querellado por el Supremo y los muertos del franquismo aún sin desenterrar, ver estas dos imágenes simultáneamente produce nauseas" La frase pertenece, o fue dicha, por el Sr. Iñaqui Gabilondo en noticias cuatro, yo no sabría expresarlo mejor, Aquí queda plasmada.